Por Bruno Cortés
En la Cámara de Diputados se puso sobre la mesa una propuesta que toca directamente la vida de millones de familias: ampliar la licencia de maternidad hasta por un año con goce de sueldo. La iniciativa, impulsada por el diputado César Israel Damián Retes, busca actualizar una política laboral que, según argumenta, ya no responde a las necesidades actuales.
Hoy en México, la ley establece apenas 12 semanas de descanso por maternidad. El problema es que ese tiempo choca con recomendaciones básicas de salud, como la lactancia exclusiva durante los primeros seis meses de vida. En otras palabras, muchas mujeres tienen que elegir entre regresar a trabajar o cuidar plenamente a sus hijas e hijos en una etapa clave.
La propuesta plantea un cambio de fondo: extender ese permiso a 52 semanas pagadas, con la posibilidad de tomar seis antes del parto. Además, abre la puerta a ampliaciones en casos de discapacidad o complicaciones médicas, e incluye a madres adoptivas, que también tendrían derecho a este periodo.
Pero aquí no termina. Después de ese año, se contempla una licencia adicional de hasta seis meses sin goce de sueldo, con garantía de regresar al mismo empleo. Es decir, se busca dar un margen más amplio para el cuidado sin perder estabilidad laboral.
Desde la lógica de política pública, el objetivo es claro: mejorar la salud materno-infantil y reducir la presión que hoy enfrentan las mujeres trabajadoras. También apunta a cerrar brechas de desigualdad, porque en la práctica muchas mujeres terminan saliendo del mercado laboral ante la falta de condiciones para conciliar trabajo y familia.
El tema económico no es menor. La iniciativa retoma estándares internacionales como el Convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo, que sugiere que este tipo de prestaciones se financien a través de la seguridad social, y no directamente por los empleadores, para evitar discriminación en la contratación de mujeres.
México tiene una base para hacerlo a través del sistema de seguridad social, pero no sería automático. Implementar una medida así implicaría ajustes financieros importantes y una discusión de fondo sobre cómo sostenerla sin afectar a empresas, especialmente a las más pequeñas.
Otro punto crítico es la informalidad. Más de la mitad de las mujeres trabajadoras en el país no tiene acceso a este tipo de prestaciones, lo que deja claro que cualquier reforma también enfrenta el reto de ampliar la cobertura y no quedarse solo en el papel.
Al final, la discusión no es solo laboral, es social y económica. Se trata de decidir qué tanto está dispuesto el Estado a invertir en el cuidado desde la primera infancia y en mejores condiciones para las madres. La iniciativa ya está en análisis, pero abre un debate que va más allá del Congreso y toca directamente la vida cotidiana.
